El consistorio ha abierto el expediente para sancionar a los responsables de las fincas que no cumplen la normativa de labrar en las 48 horas siguientes a los derramamientos de residuos
El equipo de Gobierno continuará su trabajo de investigación para corroborar que se trata de una acción legal

El Ayuntamiento de Vilafamés ha puesto en conocimiento del Seprona y de la Generalitat los continuos vertidos que se han realizado durante las últimas semanas en algunos campos del Pla, ante la posibilidad que fueron lodos de depuradora abocados de manera ilegal. El alcalde, Abel Ibáñez, después de las inspecciones realizadas por el agente de la policía local y ante las graves molestias causadas a los vecinos por el mal olor, se puso en contacto con el departamento del Seprona de la Guardia Civil, el pasado día 10 de julio, con ‘objetivo que desde este organismo se actúo en consecuencia y se investigo de qué tipo de vertidos se trata.

Los técnicos del Seprona, una vez analizados los residuos recogidos de los vertido, informa en el Ayuntamiento que el material analizado son purines y los vertidos están totalmente controlados y tienen los permisos y vehículos autorizados. Ante esta respuesta, el equipo de Gobierno insiste en que los vertidos se han incrementado y en la posibilidad que algunos residuos fueron lodos de depuradoras. El Consistorio explica que una llegado este punto, los mismos técnicos del Seprona aseguran que los posibles vertidos de este tipo de lodo también están totalmente controlados y legalizados.

El alcalde de la localidad quiere dejar claro que “el vertido de purines no es competencia municipal, si no que la normativa es autonómica”, no obstante, explica que ante cualquier indicio de nuevos vertidos de productos de dudosa procedencia, cualquier vecino puede denunciar llamando al 062 .

En este sentido, el Ayuntamiento asegura que sí realizará los trámites que son de competencia municipal, y por lo tanto, desde el Consistorio se explica que se ha iniciado el expediente para sancionar los responsables que no cumplen la normativa de labrar las fincas en las 48 horas posteriores al vertido. Las sanciones van desde los 750 a los 3.000 euros de multa.